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El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), ha detenido a al menos siete personas relacionadas con las presuntas irregularidades en un contrato otorgado por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam. Este escándalo no solo pone de manifiesto la corrupción en el manejo de recursos públicos, sino también las serias fallas en la supervisión y transparencia del gobierno.
La empresa Transcore Latam fue contratada para llevar a cabo la modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. Sin embargo, la situación plantea interrogantes sobre la idoneidad de dicha empresa y la debida diligencia del Intrant en la selección de sus proveedores.
Entre los detenidos se encuentran figuras relevantes como Hugo Beras, exdirector del Intrant; José "Jochi" Gómez Canaán, uno de los titulares de Transcore Latam; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, quien hasta febrero de 2024 fue director de Tecnología de la Información y la Comunicación del Intrant. También fueron arrestados Frank R. Díaz, Pedro Vinicio Padovani, Juan Francisco Álvarez y Carlos José Peguero Vargas.
La rapidez con la que se han llevado a cabo estas detenciones sugiere un nivel significativo de complicidad y una posible red de corrupción bien establecida. El Ministerio Público está preparando una solicitud de medida de coerción contra los detenidos, que se presentará en las próximas horas. Sin embargo, es esencial que este caso no se quede en simples detenciones; se requiere una investigación exhaustiva que revele la magnitud de la corrupción y lleve a los responsables ante la justicia.
Este episodio refuerza la percepción de que, a pesar de los esfuerzos proclamados por el gobierno en contra de la corrupción, persisten profundas deficiencias en la gestión pública que deben ser abordadas con urgencia. La sociedad dominicana exige no solo castigo para los culpables, sino también reformas estructurales que eviten que estas irregularidades se repitan en el futuro.
Fuente: Diario Libre