Internacional
El recorte de fondos y la reestructuración de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), anunciados por la administración de Donald Trump, afectan directamente a América Latina. En 2024, USAID destinó 2.300 millones de dólares a la región, recursos clave para programas sociales, educativos y de cooperación internacional.
La medida, que inició como un plan de 90 días para reducir el gasto y evaluar la eficacia de los programas, ha evolucionado hacia una drástica disminución del personal de la agencia, pasando de 10.000 a solo 290 empleados esenciales. Además, su control ha sido transferido al Departamento de Estado, poniendo fin a más de seis décadas de operaciones independientes.
En Colombia, USAID aportó cerca de 400 millones de dólares en 2024, destinados a seguridad, justicia, educación, salud y asistencia a migrantes. Con la reducción de fondos, sectores clave como la cooperación judicial y el apoyo a comunidades vulnerables quedan en incertidumbre.
El impacto también se extiende a la crisis migratoria. Stephani López, experta en políticas migratorias, advierte que la disminución de recursos afectará programas de atención en la frontera con Venezuela y Ecuador. Además, el cierre de oficinas de movilidad segura impone nuevos obstáculos a quienes buscan permisos y visados.
Brasil y Perú, países que han recibido financiamiento de USAID para la conservación de la Amazonía y la lucha contra el narcotráfico, enfrentan incertidumbre. En Brasil, la suspensión de fondos compromete iniciativas ambientales y asistencia a comunidades rurales, mientras que en Perú, la pérdida de acceso a 630 millones de dólares afectará a más de 60 ONG.
Guatemala enfrenta la suspensión de 275 millones de dólares, impactando sectores como justicia, educación y derechos de las mujeres. En Honduras, la reducción de fondos golpea programas de lucha contra la corrupción, atención a migrantes y desarrollo agrícola. Mientras tanto, en El Salvador, proyectos de inversión y empleo también se verán comprometidos.
En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha respaldado la medida, argumentando que USAID financió a grupos opositores. No obstante, organizaciones sociales alertan que la falta de fondos pone en riesgo iniciativas de apoyo a migrantes, mujeres y comunidades vulnerables.
En República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha solicitado a Washington que restablezca la ayuda humanitaria a Haití para evitar una crisis migratoria y respaldar la estabilidad regional.
La cooperación estadounidense representaba el 47 % del gasto global en asistencia humanitaria. La eliminación de estos fondos plantea un desafío presupuestario significativo para los gobiernos latinoamericanos, que ahora deberán buscar alternativas para sostener programas esenciales en medio de limitaciones fiscales.
