Juicio final a Adán Cáceres por corrupción en República Dominicana
Inicia etapa final del juicio contra Adán Cáceres por presunta red de corrupción
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional examina el caso que involucra desfalco millonario del Estado dominicano
Santo Domingo, República Dominicana. — Esta semana comenzó la fase final del juicio contra el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP), y otros acusados, por integrar una presunta red de corrupción que habría desfalcado al Estado dominicano por más de 4,500 millones de pesos entre 2012 y 2020. El proceso se lleva a cabo en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional y se enfoca en determinar la responsabilidad de Cáceres y sus coimputados en la denominada Operación Coral y Coral 5G.
Acusaciones y peticiones del Ministerio Público
El Ministerio Público acusa a una red compuesta por alrededor de 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó desviando fondos públicos principalmente del CUSEP, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). Entre los mecanismos utilizados se encuentran la creación de nóminas ficticias y otras irregularidades administrativas.
Los fiscales argumentan que los imputados no pudieron justificar el origen de sus bienes, lo que evidencia un supuesto “enriquecimiento irrazonable”. Por ello, solicitaron penas de hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a 400 salarios mínimos para los principales acusados, entre ellos:
- Adán Benoni Cáceres Silvestre (principal imputado y supuesto cabecilla).
- Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR).
- Rafael Núñez de Aza.
- Julio Camilo De los Santos Viola.
Además, el Ministerio Público pide el decomiso de bienes y una indemnización al Estado que, en algunos cálculos, supera los RD$20,000 millones.
Defensa y desarrollo del proceso
La defensa, liderada por abogados como Romel Jiménez, sostiene que no existen pruebas contundentes que vinculen directamente a Cáceres con las transferencias o hechos específicos que se le atribuyen. Argumentan que el Ministerio Público no ha demostrado la existencia de un entramado criminal ni la responsabilidad penal de su defendido.
Solicitan la absolución total, el levantamiento de medidas de coerción y la devolución de los bienes secuestrados. También enfatizan la falta de trazabilidad bancaria que involucre a Cáceres en los desvíos de fondos.
El proceso judicial ha enfrentado múltiples aplazamientos, debido a la salud de algunos imputados, la complejidad del caso y recursos legales presentados. En febrero de 2026, la Corte de Apelación rechazó un intento de los acusados para extinguir la acción penal alegando vencimiento de plazos.
Contexto y relevancia nacional
Este caso es uno de los procesos judiciales más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en República Dominicana, involucrando altos funcionarios y un desfalco millonario al erario público.
Para mayor contexto sobre los mecanismos legales y la justicia en el país, el portal oficial del Gobierno dominicano ofrece información institucional relevante sobre el sistema judicial.
El juicio continúa bajo estricta vigilancia pública y mediática, con el interés de la sociedad dominicana en conocer el desenlace de una de las causas que ha marcado la agenda nacional en los últimos años.
